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Declarar los bienes en el extranjero

La Ley 7/2012, de prevención y lucha contra el fraude, y su reglamento de desarrollo, introdujeron una nueva obligación ciudadana de declarar los bienes en el extranjero informando a la Hacienda pública acerca de las propiedades y derechos atesorados por cualquier contribuyente español, sea persona física o jurídica, fuera del territorio nacional, afectando esta medida específicamente a cuentas bancarias, activos financieros e inmuebles, a partir de un monto de 50.000 euros para cada uno de los tres bloques de bienes por separado.

Límites y características de esta obligación

En primer lugar, diremos que hacemos referencia a una obligación de carácter anual que debe satisfacerse durante el primer trimestre y que se ejecuta conforme al modelo 720 de "Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero", pero de la cual están exentos Administraciones públicas, fundaciones y entidades equivalentes y sociedades sujetas en cuanto a contabilidad al código de comercio.

No obstante el límite previsto de 50.000 euros, la obligación de declarar los bienes en el extranjero se mantiene firme en caso de que se produzca un aumento del valor patrimonial de los mismos superior a 20.000 euros. Asimismo, esta declaración es obligatoria siempre que el importe descienda por debajo de 50.000 € o se produzcan modificaciones en la titularidad, la representación legal o el poder de disposición en relación con los bienes y derechos.

En lo que atañe al contenido de esa información que debe declararse, en síntesis se trata de:

  1. Cuentas bancarias: identificación completa de la entidad crediticia y de las cuentas, detallando cuantas fechas tengan incidencia significativa. A su vez serán declarados el saldo a 31 de diciembre y el saldo promedio del cuarto trimestre. Hay que hacer constar que quedan eximidas aquellas cuentas abiertas en el extranjero en entidades de crédito españolas que ya suministren la información requerida.
  2. Bienes inmuebles y sus derechos, como el usufructo o la multipropiedad: tipología (urbana o rústica), ubicación y fecha e importe de la adquisición.
  3. Activos financieros, como bonos, acciones, participaciones, los aportados a fideicomisos, seguros de vida e invalidez y rentas temporales y vitalicias. Han de consignarse, según proceda, la razón social y el domicilio de la entidad jurídica o del fiduciario o bien la identificación del instrumento jurídico. Asimismo, el saldo a 31 de diciembre de los valores y derechos representativos de las participaciones en fondos propios, fideicomisos u otras aportaciones, el número, clase e importe de los valores. Y en cuanto a los seguros, el valor de rescate a 31 de diciembre y si se trata de seguros de vida unit linked, deben declararse tanto el contrato de seguro como sus inversiones.

La obligación afecta a todos los contribuyentes de los impuestos sobre la renta y sociedades, lo cual abarca a aquellos inmigrantes con permiso de residencia en España que sean propietarios de alguno de los bienes sometidos a esta ley en su país de origen, al margen de que la adquisición hubiese sido anterior a su instalación en España. Por el contrario, quedan exonerados de la obligación de información sobre las aportaciones a planes de pensiones mientras no se ejecute rescate alguno.

En aras de un estricto contrapeso a la ocultación, la Administración tributaria ha desplegado una agresiva estrategia punitiva que apuntale el cumplimiento de estas obligaciones, poniendo en marcha un estremecedor régimen sancionador que amenaza con multas de hasta 5.000 euros por cada dato omitido o aportado de forma incompleta o no ajustada a la realidad, y en todo caso una sanción mínima de 10.000 euros por cualquier tipo de infracción. Sin olvidar que adicionalmente, omitir la declaración de un bien conllevará su tributación al tipo marginal más una sanción que asciende al 150% de la cuota del IRPF.

Una nueva fórmula de control

No declarar los bienes en el extranjero puede costar caro a aquel contribuyente que decida ocultar o maquillar su patrimonio allende nuestras fronteras, tan caro como 10.000 euros como cifra de base que puede incrementarse en otros 5.000 por cada omisión puntual en relación con cuentas bancarias, inmuebles o activos financieros.

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