Excite

El precio de prohibir las bombas de racimo en España

En julio de 2008 todo cambió para la empresa aragonesa Instalaza. El Gobierno había decidido aplicar una moratoria unilateral al uso, producción y venta de las bombas de racimo en España. Eso significaba el fin de la actividad en una de las ramas de negocio de Instalaza, que apena unos meses antes había cerrado un acuerdo de exportación de bombas de racimo a Libia.

Esas bombas, de gran poder destructivo para la población civil, reaparecieron el pasado mes de abril en la ciudad libia de Misrata, donde las tropas de Muamar el Gadafi las había utilizado para combatir a los alzados. Aquel hallazgo entre las ruinas de la ciudad levantó una polvareda diplomática y un disgusto mediático para los ocho bancos españoles que financiaron a Instalaza hasta 2008.

Ahora Instalaza vuelve a la primera línea informativa tras hacerse público que la compañía aragonesa ha presentado al Gobierno una reclamación por valor de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante. Es decir, la empresa se siente perjudicada por la prohibición unilateral de estas bombas y por ello exige una compensación.

Será difícil que el Gobierno acceda a sus peticiones y más si tenemos en cuenta que la prohibición de las bombas de racimo en España cuenta con el apoyo popular y con el respaldo de la comunidad internacional. Y es que aunque países como Estados Unidos, China o Rusia se mantengan al margen, más de un centenar de naciones se han comprometido a erradicar este tipo de armas.

En ese contexto, España fue el primer país en eliminar todas las bombas de racimo de su arsenal. El proceso se completó en marzo de 2009 y supuso la eliminación de más de 5.500 municiones. De ellas, una gran parte procedían de la fábrica de Instalaza, que como consecuencia de la prohibición de las bombas de racimo en España atraviesa una delicada situación financiera en los últimos años.

Imagen: Cluster Munition Coalition en flickr.com

España - Excite Network Copyright ©1995 - 2017