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Hacienda podría reclamarte este impuesto si vives de alquiler

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Pocos conocen el ITP-AJD, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se aplica al alquiler de inmuebles. No es un impuesto desconocido solo por su nombre kilométrico, más bien ha pasado desapercibido durante años debido a que la Administración no lo cobraba por motivos obvios: no interesaba cabrear al personal con un impuesto que, en comparación con otros, tiene una aportación bastante discreta en los presupuestos de las instituciones públicas.

Pero parece que el agujero negro creado por la corrupción sistémica y la deuda pública ha obligado a la Comunidad de Madrid a sacar este impuesto del olvido. Una tasa gestionada por las comunidades autónoma, que corre a cargo del inquilino y que en la mayoría de los casos no supera el 1% del montante total. Es una miseria, pero como era de esperar en estos tiempos de "cajas B" y tramas de corrupción, los madrileños ya se están acordando del árbol genealógico de los funcionarios que trabajan en la consejería de Hacienda.

Pero también han dejado sitio a las dedicatorias contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no solo por molestarles con otro impuesto más, sino por reclamar esta tasa con una retroactividad de cuatro años. Imaginen el disgusto que se han llevado los madrileños que viven de alquiler al enterarse de la noticia. A algunos les ha pillado por sorpresa, pero otros ya estaban encabronados desde la primavera del año pasado, cuando Hacienda empezó a mandar las notificaciones.

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Ante las quejas, la Dirección General de Tributos se escuda en que la medida es lícita y solo pretende luchar contra el fraude generalizado. Añaden además que la única razón que explica la reclamación masiva del impuesto es que antes no se disponía de los medios adecuados para detectar el impago de los arrendatarios que llevan ignorando el ITP desde 1993, año en que vio la luz el impuesto. Con estas declaraciones dan a entender que la culpa es de los inquilinos por desconocer o malinterpretar el RD 1/1993.

Este decreto, que regula el ITP-AJD aplicable a todas las transmisiones de patrimonio, equipara la compra de inmuebles al alquiler, entendiendo que en ambos casos se adquiere el derecho a usar la propiedad previo pago de una cantidad fijada. Es esa cantidad la que se usa como base liquidable, pero que no indica el importe del impuesto, ya que depende de si la comunidad autónoma donde se realiza el contrato ha fijado una tarifa propia o no. En caso negativo, se aplica el mínimo estatal. En definitiva, otro impuesto más que soportar. Madrid ya ha abierto la veda, ahora habrá que esperar a ver si el resto de comunidades autónomas le siguen el rollo.

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