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La Operación Saga desnuda a la cúpula de la SGAE

Sólo un día después de que el polémico Teddy Bautista fuera reelegido como presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la policía irrumpía en la sede de la entidad en busca de pruebas sobre un supuesto delito de apropiación indebida, estafa y administración desleal. Bautista y otros cargos de la SGAE eran detenidos en el marco de la misma operación, bautizada como Operación Saga.

Inmediatamente, los principales acusados comenzaron a desfilar ante el juez Pablo Ruz, que ya ha hecho público el auto en el que se recogen las líneas maestras de la Operación Saga. En este auto, un nombre resalta sobre todos los demás: José Luis Rodríguez Neri, principal imputado y ex-consejero de la SGAE.

Según el auto del juez Ruz, Neri utilizó la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial digital de la SGAE, para desviar fondos a empresas privadas durante varios años. Aunque todavía no se ha detallado ninguna cantidad, el montante desviado podría superar el millón de euros.

A través de la SDAE, de la que Neri era consejero delegado, la SGAE habría cerrado contratos con empresas vinculadas al entramado empresarial del propio Neri. Una rutina delictiva de la que habrían participado los principales responsables de la SGAE. Es por esa razón que el juez Ruz ordenó la detención de Teddy Bautista, así como de Enrique Loras, director general de la SGAE, y de Ricardo Azcoaga, director financiero de la entidad.

Todos ellos quedaron en libertad sin fianza a la espera de juicio, como la mayoría del resto de detenidos, vinculados a la telaraña empresarial de Neri, que continúa en prisión y que ya ha sido apartado de sus funciones en la SGAE. Bautista continuará al frente de la sociedad, por lo menos hasta el próximo 12 de julio.

Ante esta situación, el Partido Popular no ha perdido el tiempo y ha culpado al Gobierno por no controlar adecuadamente a las sociedades de gestión. El Ministerio de Cultura, así como el de Justicia, se han defendido recordando que el margen de control gubernamental sobre este tipo de sociedades es muy limitado.

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