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Los casos de corrupción de Podemos

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El partido liderado por Pablo Iglesias, que consiguió cinco eurodiputados en mayo, se ha caracterizado por ser muy crítico con la así llamada 'casta', el conjunto de políticos que no son ellos, acusándolos de corruptos e ineficaces. Sin embargo, y aunque todavía no tienen siquiera un concejal, algunos de los líderes del partido ya han visto sus nombres en entredicho por casos bastante cuestionables.

El propio Pablo Iglesias, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se ha visto envuelto en la polémica por las voces que indican que pagó en dinero negro a sus empleados del programa La Tuerka, a los que no hacía contrato.

El segundo de a bordo y responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón, se ha visto suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga. Errejón estaba contratado para realizar la investigación sobre 'La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', con un sueldo de 1.825 euros brutos al mes con una dedicación de 40 horas semanales. Debido a su dedicación a su partido, apenas ha aparecido por la Universidad de Málaga. Se da la circunstancia que el director del proyecto es Alberto Montero, uno de los expertos en economía de Podemos.

El caso de Tania Sánchez es especial: aunque no pertenece a Podemos sino a Izquierda Unida, su situación como pareja de Iglesias convierte en relevantes sus andanzas. Fue concejal de Rivas-Vaciamadrid, igual que lo fue su padre, y se ha sabido que se le concedió piso de protección oficial que luego revendió con 50.000 euros de beneficio. Además, la empresa de su hermano recibió más de un millón de euros del erario público, a lo que Sánchez ha respondido que “no sabía que esa empresa era de mi hermano”.

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Por su parte, Juan Carlos Monedero ha estado en los medios debido al supuesto asesoramiento para crear una moneda única bolivariana para los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Los trabajos se realizaron en 2010, pero él los facturó por 425.000 euros en 2013 con una empresa recién fundada, sin empleados, de la que Monedero es propietario. Ante el posible fraude fiscal, Hacienda intentó hacerle llegar una citación, pero Monedero entregó una declaración complementaria voluntaria de 200.000 euros justo a tiempo de evitarlo.

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