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PP y PSOE confirman la reforma constitucional con un déficit del 0,4%

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Tras la reciente noticia de una posible reforma constitucional, los dos partidos mayoritarios de España, el PSOE y el PP, se han puesto de acuerdo para llevar a cabo los cambios necesarios antes de las próximas elecciones. Estos cambios en la Constitución, que pondrán finalmente techo al déficit del país por ley, establecerán una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas y servirá tanto para controlar la deuda del Estado como la de las comunidades autónomas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que no recoge ninguna cifra en cuanto al techo de deuda, y que había sido especialmente apoyada por el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba, que se había reído del líder de la oposición, Mariano Rajoy, cuando esté presentó la medida de reforma constitucional hace más de un año, ha tenido ahora que mantenerse al margen tras la propuesta presentada por Zapatero, exactamente igual a la que hiciese Rajoy.

Según el nuevo documento, marco para una futura ley orgánica, el techo de déficit estructural global se fijará en un 0,4%, como tope máximo para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020. Las concreciones de esta ley orgánica se dejarán para ser aprobadas antes del 30 de junio de 2012, pero el conjunto de la reforma se realizará con anterioridad a las próximas elecciones generales. El déficit se distribuiría por tanto en un 0,26% del PIB por parte del Estado como cifra más elevada y en un 0,14% del PIB para las comunidades autónomas, que no podrán sobrepasar de ningún modo esa cifra. Por otra parte, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario.

A pesar del miedo general a que algunos partidos minoritarios como el PNV intenten colar reformas de corte nacionalista como la autodeterminación para el País Vasco, el documento firmado por el PP y el PSOE sólo afectará al artículo 135 de la Constitución, y se centrará exclusivamente en una ley orgánica que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades. De este modo, una vez sea aprobada la reforma, tanto el propio Estado como las comunidades habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

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