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¿Qué deuda tiene España en los mercados?

Uno de los elementos que, desgraciadamente, más se han puesto de moda del vocabulario económico relacionado con la crisis, es el de deuda pública. Y es algo especialmente relevante, ya que la deuda que tiene España frente a sus deudores es un indicador importante a la hora de calcular la famosa prima de riesgo.

Más de un billón de euros

Así, si nos preguntamos exáctamente qué deuda pública tiene España hay que aclarar que la deuda del conjunto de las administraciones ha superado la espectacular cifra del billón de euros, lo que a la postre representa un porcentaje de apróximadamente el 100 por 100 del Producto Interior Bruto.

De esta forma, la deuda española se ha triplicado desde que comenzó la crisis económica, pasando de suponer un porcentaje de menos del 40 por ciento del PIB en 2007 hasta las terroríficas cifras actuales. De ese billón de euros aproximado que se adeuda, corresponde la parte mayoritaria al Estado central (más del 80 por ciento), seguido de las autonomías (en torno al 20 por ciento) y la administración local (menos del 5 por ciento).

Diferentes títulos de deuda pública

La deuda pública, que se ha incrementado a raíz de medidas con alta carga presupuestaria como el Fondo de Liquidez Autonómica, las medidas de pago a proveedores o el "rescate" de la banca, se contrae a través de diferentes fórmulas.

Entre los títulos que emite el Estado, destacan, en primer lugar, las Letras del Tesoro. No tienen retención fiscal, se subastan mensualmente y cuentan con plazos de amortización entre 3 y 18 meses. Con plazos más largos encontramos las obligaciones y bonos del Estado, siendo estos últimos los únicos que no tienen una periodicidad fija en sus subastas.

Auditar la deuda soberana, en los programas políticos

A pesar de las cifras oficiales, cada vez son más los colectivos y partidos políticos que proclaman que hace falta una auditoría ciudadana para conocer qué deuda ilegítima tiene España, es decir, que parte de la deuda pública soberana se ha utilizado para pagar gastos derivadas de la mala gestión de entidades como bancos y cajas.

Este es el caso de organizaciones como ATTAC o partidos políticos como Compromís o Podemos, que recoge dicha medida entre las que propone en su programa económico oficial.

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