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¿Qué es la doctrina Botín?

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Apenas un año después de que el juez Castro apostara por la no aplicación de la 'doctrina Botín' en el 'caso Nóos', la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado la aplicación de dicha doctrina en la imputación de la hermana del Jefe del Estado. Pero, ¿qué es esto de la 'doctrina Botín' y qué efectos tiene de cara a un juicio como el de la infanta?

Básicamente, lo que se pide es que Cristina de Borbón evite ser juzgada, tal y como ocurrió con el ya fallecido expresidente del Santander, de quien recibe el nombre esta famosa doctrina legal. En el caso de Emilio Botín, el Alto Tribunal le quito la carga del procesamiento ante una petición de 180 años de cárcel por parte de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes en el 'caso de las cesiones de crédito'.

Lo que tienen en común estas situaciones es que la acusación es meramente popular y la Fiscalía no acusa directamente. Es eso lo que ocurre con la infanta pues, aunque está imputada por un delito fiscal, Hacienda no opina que Cristina haya cometido delito alguno. En definitiva, como solo hay una acusación popular y el supuesto delito no tiene un impacto social general, el abogado defensor de la esposa de Urdangarin no ha dudado en solicitar la doctrina Botín.

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Pero la asociación 'Manos Limpias' ha dejado claro que si "Hacienda somos todos" atentar contra la Hacienda Pública es un delito contra todos los españoles. Aunque la Abogacía del Estado se remite al caso Botín para recordar que Hacienda no acusa a la imputada y que la acusación es única y popular. Solo así se podría acoger la hija de Juan Carlos I a la doctrina Botín, ya que está se aplica cuando la acusación no se mantiene al inhibirse el fiscal y existir una sola acusación, siendo ésta además popular.

Pero hay más vías para librarse del juicio, y que podrían usar los abogados de Cristina. Parece que en términos judiciales las iniciativas ciudadanas no tienen mucho peso, porque la 'doctrina Botín' no es la única que tiene precedente a la hora de perdonar a los imputados en un proceso iniciado por una acusación popular. La 'doctrina Atutxa', por la cual el Tribunal Supremo exoneraba al expresidente del Parlamento del País Vasco, es la versión que abre el campo a los delitos que atenten contra los intereses colectivos.

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