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Se exige un préstamo para el Estado a Telefónica, Santander e Iberdrola

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El Gobierno español parece desesperado por conseguir fondos para paliar en parte la enorme deuda pública que acumula. El déficit ha llevado ahora al Ejecutivo a modificar por enésima vez la deducción en el Impuesto de Sociedades del Fondo de Comercio, la ayuda fiscal que más ha contribuido a la internacionalización de las empresas en los últimos años. Esta deducción, que fue anulada por la Unión Europea por ser considerada ayuda de Estado, sí que se consideró legal desde Bruselas para las operaciones de compras de compañías comunitarias anteriores a 2007 y la copra de las extracomunitarias antes de 2011. De este modo, las empresas españolas que compraron otras compañías europeas antes del 2007 y las que compraron otras de fuera de la Unión Europea antes de 2011, tenían derecho a beneficiarse de una reducción de impuestos del 5%.

Ahora bien, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido establecer modificaciones de última hora en las deducciones, que pasarán de un 5% anual en su base imponible a un 1% entre 2011 y 2013. De este modo, Hacienda recaudará unos 1.000 millones de euros adicionales sobre tres empresas especialmente: Telefónica, por la adquisición de O2 y Bellsouth Lat., el Banco Santander por la compra de Abbey National, Sovereign y Drive Financial, e Iberdrola, por su fusión con Scottish Power.

Estos fondos extraídos a las empresas podrán recuperarse en el futuro, de modo que 21 después de la operación, dichas compañías podrán recuperar lo que dejan de deducirse. Este cambio en la medida ya ha sido criticado más que duramente desde las propias empresas y desde las voces expertas, que aseguran que esta modificación en las reglas del juego supone un golpe durísimo para las finanzas de algunas compañías. Según Salvador Ruiz Gallud, socio del despacho de abogados Equipo Económico y ex director general de la Agencia Tributaria, las modificaciones imprevistas de este Gobierno suponen un coste financiero gigante para las empresas, especialmente en momentos difíciles cómo éstos.

Desde las compañías que se verán afectadas ya han mostrado su enorme rechazo a estos cambios, asegurando que el Ejecutivo está desesperado por encontrar fondos de cualquier sitio tras haber arruinado al Estado, y avisan de otro riesgo para las empresas españolas tras el decreto del Gobierno. Y es que el mantenimiento del Fondo de Comercio para las operaciones anteriores a 2007 se encuentra actualmente recurrido por Deutsche Telekom, y estos últimos cambios, con el grado de inseguridad jurídica que da un cambio de las normas fiscales en medio del ejercicio, podría dar alas a la demanda de Deutsche Telekom y suponer una gran pérdida de dinero para España.

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